La administración Biden debe facilitar todos los medios formales y legales para que las familias puedan ayudarse como estimen apropiado, sin interferencias políticas, permitiendo que los más necesitados y vulnerables en Cuba tengan el apoyo de sus familiares, sin importar cómo el destino o la política los haya distanciado.
¿Puede una prohibición a enviar remesas a Cuba conseguir un cambio político en la isla? Los Estados Unidos ya lo trató antes, sin resultado. Durante la época de Bill Clinton y George W Bush, las restricciones de viajes y remesas hacia la isla fueron más rigurosas, sin embargo, dos décadas después, todavía sigue el gobierno de La Habana alzando su bandera ideológica de partido único.
Yo era mucho más joven, pero recuerdo a parientes de amigos llegando a Cuba a través de Bahamas o México, así como los dólares pasando la aduana a través de “mulas”. El incentivo de ayudar a la familia es mucho más fuerte que el temor por las sanciones del gobierno norteamericano, y lo será siempre. Las sanciones sólo encarecen los viajes y las remesas, que continuarán arribando a la isla a través de vías informales o terceros países. Lo saben los parientes residentes en Estados Unidos y lo sabe el gobierno cubano. Tal vez no lo sepan los que están desconectados de la realidad y piensan que “apretar la mano” con las remesas o los viajes, poniendo en riesgo a la familia cubana, es una idea fabulosa.
La reciente inclusión de Fincimex, empresa que gestiona el recibo de remesas familiares en Cuba, en la lista de entidades prohibidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es una forma velada de establecer una prohibición legal para los envíos de dinero por vías formales. Western Union anunció que en base a esta nueva regulación, concluirá sus operaciones en Cuba el día 27 de noviembre. La reacción del gobierno cubano era predecible: no van a crear una nueva empresa civil para estas gestiones, como respuesta a la exigencia del gobierno estadounidense. En cuanto a las remesas, van a entrar de todas formas, sólo que ahora nos costará más hacerlas llegar.
La excusa de esta administración es evitar que sean los militares quienes controlen estos flujos financieros y por eso la prohibición va dirigida a Fincimex, una empresa controlada por el conglomerado militar cubano. Sin que yo aquí haga defensa alguna de los militares, gusto que no le daré a nadie, es importante recordar que Cuba es una economía centralizada y que no importa por dónde entran los dólares, todos van a parar a la caja central del estado, incluso si estos vienen a través de las mulas y que, de todas formas, acaban en las tarjetas de MLC. En otras palabras, provocar el cierre de Western Union en Cuba sólo ofrece otra derrota política y garantiza que nuestro poder adquisitivo en USA disminuya, debido a que ahora es necesario alimentar las sustanciosas comisiones de las “mulas” u otros intermediarios.
Por otra parte, está el criterio de los derechos individuales ¿Por qué debe el gobierno federal interferir en la relación que tengo con mi familia? Es sorprendente que muchos de los integrantes de esta “política dura” con la isla, se identifican a sí mismos como capitalistas, conservadores, incluso algunos hasta libertarios de derecha; sin embargo, alegremente exigen para sus compatriotas que el estado federal se inmiscuya en el uso de su bolsillo privado.
Existe el argumento dentro de una parte de la comunidad cubano-americana de que, debido a su importante aporte a la economía de la isla a través de estas remesas, pueden utilizar esto como palanca para exigir cambios políticos. Ciertamente, podrían ocasionar un boicot económico si consiguen disminuir la entrada de divisas al país, pero esto tiene un costo político si lo hacen de manera obligatoria, pidiendo al gobierno estadounidense que sancione a los transgresores. Lo cual significa que quien tenga familiares enfermos o necesitados, niños pequeños o alguien en acuciante necesidad, tampoco podría ayudar a su familia rápida y apropiadamente, lo cual lo convierte en una cuestión humanitaria. Una obligación federal nos involucra a todos, sin discriminar en quién lo necesita para sobrevivir y quién se aprieta el cinto como una acción política.
Si el célebre “parón” o cualquier otra estrategia, provienen de una decisión personal y consensuada, porque una familia en particular ha decidido sumarse a este tipo de boicot y, por lo tanto, consumirá lo mínimo para evitar la entrada de divisas al régimen; esa es una decisión privada y de consciencia de cada cual, respetable como todo posicionamiento político honesto. Lo que no es correcto es que un gobierno o una tercera persona, decida qué debo hacer o no por mi familia, por consideraciones políticas ajenas al bienestar de mi propia familia. También es incorrecto estigmatizar a quienes ayudan monetariamente a sus seres queridos.
La administración Biden debe facilitar todos los medios formales y legales para que las familias puedan ayudarse como estimen apropiado, sin interferencias políticas, permitiendo que los más necesitados y vulnerables en Cuba tengan el apoyo de sus familiares, sin importar cómo el destino o la política los haya distanciado. Es imprescindible que cada cual pueda determinar personalmente si necesita enviar dinero a su familia, asi como para ello debe contar con la total protección legal de un estado moderno y democrático.
