Estados Unidos es la única economía avanzada que no ofrece cobertura de salud universal. Muchas estadísticas ilustran las fallas de nuestro sistema. Una en particular se destaca. En el 2017, los estadounidenses gastaron en promedio $10,224 de dólares por persona en servicios médicos. Esta cifra en otros países ricos, con decenas de millones de habitantes, y un sistema socializado, fue cercana a $5,000. A pesar de gastar más que los australianos, europeos, canadienses y japoneses, tenemos una menor expectativa de vida, alta mortalidad infantil, mayor prevalencia de enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares e infecciones de transmisión sexual.
Anualmente, medio millón de estadounidenses se declaran en bancarrota debido a cuentas médicas, y personas sin seguro o sub-aseguradas se ven obligadas a renunciar a tratamientos esenciales. Esto resulta en una desigualdad perniciosa para nuestra democracia y capitalismo, los ciudadanos más ricos de Estados Unidos viven diez años más que los pobres.
Gastamos tres veces más en costos administrativos relacionados con la salud que otros países ricos. Una de las razones es que múltiples empresas de seguro ofrecen pólizas con diferentes paquetes de beneficios, tarifas y procedimientos para reclamos. Los seguros negocian de manera individual con hospitales, clínicas y consumidores, y terminan pagando distintos precios por los mismos servicios. Para hacer esto, las empresas contratan un vasto personal administrativo; algunos logran reducir sus costos, los demás cubren la diferencia. Por esta razón el costo de un procedimiento médico en Estados Unidos puede variar más de un 300%.
A esto debemos sumarle el daño que causa el enfoque en la economía de mercado. Los aseguradores optimizan sus ganancias tratando de venderles pólizas a aquellos que consideran “de bajo riesgo,” como personas jóvenes y saludables, y evaden a los de peor salud, los deshabilitados y los ancianos. Por otro lado, los proveedores contribuyen a esta asimetría dominando y distorsionando el sistema aún más debido a que tienen un conocimiento mucho mayor que el consumidor, o sea, los pacientes.
El fraude y el abuso también elevan los costos; alrededor de $150 billones de dólares al año se esfuman en gastos innecesarios. Existe una industria dedicada a aconsejar a hospitales y doctores sobre cómo manipular el sistema de reclamos fragmentando cuentas e inflando servicios. Muchos proveedores presentan facturas por procedimientos que nunca ejecutaron.
Estos datos ilustran lo disfuncional de nuestro sistema. Los expertos estiman que 30% del dinero gastado en salud en el país, que equivale a aproximadamente un trillón al año, es desperdiciado en gastos administrativos ineficientes, servicios duplicados y fraude, mientras que millones de estadounidenses siguen sin cobertura. El Obama-care intentó solucionar este problema, pero fue apenas un paso en la dirección correcta, que ha sido parcialmente desmantelado por la administración de Trump.
Una de las principales herramientas para descalificar la idea de la salud garantizada es acusarla de ser de naturaleza comunista. Este un tropo común dentro de la comunidad cubana, que se ha dejado llevar más por los intereses corporativos que no nos representan que por los valores humanos y democráticos de nuestros líderes.
Oswaldo Payá escribió lo siguiente en el Proyecto Varela,
“La ley podrá armonizar la participación de los ciudadanos, responsable y creativa, en el quehacer económico, con una orientación social de la empresa privada, con el respeto al consumidor, con la humanización del trabajo, con las garantías de los derechos de los trabajadores y con la seguridad social. De esta forma, el Estado podrá contar con más recursos para garantizar, sin depender de la ayuda extranjera, los servicios gratuitos de salud pública, educación y demás servicios sociales, y los brindaría, no como estructura paternalista, sino como administrador de los bienes comunes que aportan todos los ciudadanos, responsablemente, ejerciendo sus derechos y practicando la solidaridad.”
Atenderse la salud no es una opción, es una necesidad vital. ¿Debemos continuar tratando la atención médica como un producto comercial manejado por las fuerzas del mercado? ¿O deberíamos entender la salud como un bien social que debe ser garantizado?
*Estadísticas tomadas del Kaiser Family Foundation y el Foreign Affairs Magazine.
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