Con el panorama de un cambio en la presidencia el 20 de enero de 2021, ¿Cómo podría alterar esto la situación actual en Cuba? ¿Es posible volver al punto dónde estábamos en mayo de 2017, cuando Trump declaró que el trato establecido por Obama había sido cancelado?
Como es conocido, hasta ese momento Trump no levantaba suficiente entusiasmo respecto a la política hacia Cuba en los círculos tradicionales del exilio cubano, es decir aquellos que no habían asumido las narrativas traídas a la luz pública por la administración republicana ahora saliente: “marxismo cultural”, “globalismo” etc. En aquel momento pensaban que Trump solamente pondría freno a la política de Obama, pero pocos creían que llegaría a revertirla, incluso luego de anunciarlo públicamente en Miami en mayo de 2017. Sin embargo, fue una coyuntura internacional la que provocaría un giro radical con respecto a la política de Obama y no su mera congelación. Esta fue el fracaso de las manifestaciones estudiantiles en Venezuela en aquel año y la negativa de Maduro de celebrar un referendo revocatorio. Luego, casi dos años más tarde, se produjo el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países y el fracaso del intento de golpe de estado contra Maduro pocos meses después.
El verano de 2019 marcaría el inicio de oleadas sucesivas de fuertes sanciones contra el gobierno cubano que han continuado hasta el pasado mes. Un regreso a la política de Obama tal como estaba al comenzar el 2017 pasa por plantearse la pregunta: ¿Seguirá Biden la doctrina Trump sobre Venezuela y Cuba, considerando que la política de presión ha de ser la misma para ambas naciones? ¿Buscará, en cambio, el deslinde hecho por Obama entre ambas, de aliviar sanciones a Cuba y hacer presiones —aunque mucho más livianas y selectivas— a Venezuela?
Incluso, en el caso que Biden redujera las sanciones a Venezuela al nivel en que las dejó Obama —algo difícil de suponer por la circunstancia de dos gobiernos que hay en esa nación—, cabría preguntarse si América Latina se encuentra en el mismo escenario que encontró Obama cuando instauró aquellas políticas.
Si entendemos que aquel giro en la política del presidente Obama fue un intento de ganar influencia en un espacio regional de tradicional influencia norteamericana, no debemos esperar gran prisa por parte de una administración demócrata en levantar todas las sanciones sin la anuencia del Congreso. Este debe ser el escenario que podríamos esperar, a menos que una amenaza externa —un aumento significativo de las tensiones con Rusia o China, por ejemplo— haga necesario pasar por alto el estancamiento de las negociaciones sobre las indemnizaciones a empresas norteamericanas realizadas bajo Obama y avanzar en la política del compromiso (engagement).
Nada de esto parece posible a corto plazo teniendo en cuenta, además, que —a diferencia de enero de 2017— Cuba cuenta con una nueva constitución que ratifica el unipartidismo, y por tanto hace más difícil esperar cambios políticos reales que propicien el levantamiento del embargo, de acuerdo con las condiciones de la ley Helms-Burton. Por otra parte, la crisis creada por la pandemia y las tensiones con Irán estarán ocupando al nuevo presidente en los primeros meses de su mandato. Mientras, Maduro parece obstinado en continuar en el poder hasta el 2023, añadiendo una presión más sobre Biden, quien debe manejarse con cautela respecto a cómo avanzar un paso más allá de donde llegó Obama en su negociación. Queda, sin embargo, la difícil pregunta de si, a pesar de estos obstáculos, Biden tendrá la misma voluntad de su antiguo compañero de fórmula.
