Se puede dialogar con el Partido, una contraparte legítima. Pero no con la Seguridad del Estado. Con esta se es interrogado, o advertido, o abiertamente amenazado, pero no hay diálogo posible.
El Diálogo implica simetría entre las partes implicadas en él. Esto solo se da entre quienes de una forma u otra se reconocen eso, partes de una comunidad política más amplia. Ni la Seguridad del Estado, pero tampoco la Asamblea Nacional, o los hombres fuertes, son partes como nosotros.
Sin duda el Partido hoy no se reconoce parte, sino Vanguardia, élite en posesión privilegiada de algún conocimiento dogmático o sensibilidad éticamente superior. Pero si el Partido se mostrara dispuesto a dialogar con los ciudadanos que no pensamos o sentimos lo que él, sin el intermediario no legítimo que es la Seguridad del Estado, ipso facto estaría implícitamente reconociendo su carácter de parte. Lo que a su vez sería un reconocimiento de nuestra legitimidad, como las otras partes complementarias de la comunidad política cubana.
Dialogar con la Asamblea Nacional, los hombres fuertes, o mucho menos con la Seguridad del Estado, no nos legitima automáticamente. Solo hacerlo con el Partido.
No es necesario por tanto que haya de inmediato un cambio constitucional, y desaparezca de la letra de la Constitución el artículo que define al Partido como una institución por encima de ella misma.
Si el Partido, no nadie más, nos propusiera sentarnos a dialogar, no se puede esperar para aceptar a que antes la Asamblea Nacional haga los cambios constitucionales necesarios, o que el Gobierno firme y ratifique los tratados internacionales para la defensa de los derechos civiles y políticos.
Una propuesta del Partido para dialogar debe ser aceptada de inmediato, porque crea un precedente jurídico: implícitamente reconoce que la Constitución es inoperante, y que tenemos derechos civiles y políticos, incluso el de que los que pensamos diferente podamos reunirnos en otras partes de la comunidad política cubana.
El Partido, tras reconocerse parte, es nuestro único interlocutor legítimo. En primer lugar porque con el Gobierno iríamos a ser escuchados, y con los hombres fuertes tras bambalinas a transar cual mafiosos a espaldas de la ciudadanía. En segundo, porque en la actual legalidad, al estar por encima de la misma Constitución, es el Partido el Supremo Poder legal del ordenamiento jurídico cubano. En tercero, porque solo el Partido, esa parte legítima de la comunidad política cubana, sobrevivirá sin duda a ese actual ordenamiento…
(Nota del Editor: Los artículo de opinión representan los puntos de vista de sus autores y no los del equipo editoral del medio)
